reforma de la formación para el empleo

21/05/2013

La semana pasada, concretamente el día 16, se reunieron el Gobierno y los interlocutores sociales con el objetivo de impulsar el diálogo social, tan de capa caída en los últimos tiempos.

El resultado de la reunión fue un compromiso de actuar en tres áreas fundamentales: protección social, empleo y Seguridad Social. Más concretamente se establecieron tres puntos de acuerdo sobre los que orientar la acción:

– Compromiso de moderación de salarios y beneficios para favorecer la competitividad y el empleo.

– Necesidad de impulsar políticas de crecimiento en el ámbito de la Unión Europea y de los Estados miembros que contribuyan a la generación de empleo.

– Creación de grupos de trabajo para estudiar medidas de protección social y abordar la reforma de la formación para el empleo y el empleo juvenil.

De los tres puntos me centraré en el último: en la reforma de la formación para el empleo.

El actual marco regulador de la formación para el empleo en España está basado en el IV Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo que firmaron Gobierno y agentes sociales en febrero de 2006. Un año más tarde (en abril de 2007) se publicó el Real Decreto que regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Mucho ha cambiado la economía española y su mercado laboral en estos siete años. Tanto que en el segundo trimestre de 2007 (coincidiendo con la publicación del Real Decreto de la FPE) el paro estaba por debajo del 7%, y ahora (cuando se anuncia su reforma) hemos alcanzado el 27%.

El modelo actual de formación para el empleo surge cuando España tenía la tasa de paro más baja de la historia reciente, y el acceso al trabajo era relativamente fácil incluso sin cualificación (fundamentalmente gracias a la construcción). La formación para el empleo podía dedicar más presupuesto a la formación de ocupados como herramienta para la actualización y mejora de las competencias profesionales requeridas por los trabajadores ocupados.

La situación del mercado de trabajo empieza a empeorar desde 2008, y continúa empeorando con el paso de los años hasta la crítica situación actual. Sin embargo en este periodo la estructura de la formación para el empleo ha permanecido prácticamente inalterada (salvo algunas novedades que introduce la última reforma laboral en materia de acceso de los centros de formación al diseño de los planes de oferta para trabajadores ocupados).

En febrero de 2011, ya con la tasa de paro por encima del 20%, se publica (el día 2) la prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación y días más tarde (el 19 de febrero) lo hace el Real Decreto que reforma las políticas activas de empleo. La formación es una de las patas fundamentales en las que ha de sostenerse una eficaz política activa de empleo, por lo que no dejó de ser paradójico que se pretendiera hacer una reforma de calado de las políticas activas de empleo en general sin modificar la base de la formación para el empleo. El resultado no por esperado fue menos desalentador, ya que el diseño de la formación para el empleo siguió siendo muy parecido a cuando la realidad laboral era muy distinta. La formación seguía lejos de ser un medio eficaz y eficiente para la reinserción laboral de los desempleados y la consolidación en el empleo de los trabajadores ocupados. Por otra parte, producto de la crisis y de la menor recaudación por cotización para formación profesional, los presupuestos destinados a formación para el empleo se han visto reducidos de manera notable en los últimos años, aunque esta reducción tampoco ha venido acompañada de una mayor eficiencia en el gasto y en el impacto que la formación está teniendo entre la población desempleada.

Así, dos años después de la prórroga del actual acuerdo de formación y de la reforma de las políticas activas de empleo, y cinco después del inicio dela crisis, el Gobierno y los interlocutores sociales han acordado abrir una mesa de negociación para ‘para avanzar en el diseño de un nuevo Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo que impulse y rija un modelo de formación acorde a las necesidades actuales del mercado de trabajo español‘.

Desde luego era algo que se estaba convirtiendo en imprescindible tal y como está la situación del mercado de trabajo. Habrá que estar atentos a cómo se desarrollan las negociaciones y, sobre todo, a ver el resultado final. El objetivo marcado a fuego debe ser el de ‘incrementar la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos, así como mejorar las posibilidades de activación de los desempleados‘. Este objetivo requiere, esta vez sí, una reforma profunda de los mecanismos de planificación, impartición, gestión y evaluación de los distintos planes y programas de formación para el empleo.

Y ese objetivo es innegociable. Y su consecución vital. Nos jugamos demasiado.

más políticas inactivas de empleo

25/05/2012

Ayer, jueves 24 de mayo, se reunió la LIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

A través de la nota de prensa posterior a la reunión nos enteramos de que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 destinan a financiar acciones y medidas de políticas activas de empleo 5.807,2 millones de euros; y que las Comunidades Autónomas gestionarán 1.318,8 millones de euros para financiar las políticas de formación y empleo transferidas. A formación se destinan 966,5 millones de euros, a empleo 322,3 millones y a modernizar los servicios públicos de empleo 30 millones.

Lo que no precisa la nota de prensa es que la dotación a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo cae un 57%  respecto al año anterior. El recorte en la dotación de las autonomías ronda los 1.700 millones de euros, en palabras de la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.

A pesar del sobresaliente recorte Hidalgo subrayó que “esta diferencia no afectará a la atención a los trabajadores de las comunidades, ya que estas cuantías sólo reflejan la gestión de las políticas activas y no a dónde se destina la inversión“. Resulta muy dudoso que un recorte de tal magnitud no afecte a la atención de los trabajadores desempleados. Lo que no resulta dudoso es a qué se destina la inversión. Al menos a lo que se dedicó el año pasado.

El lunes se publicó el Informe Anual del Mercado de Trabajo Estatal 2012 que recoge datos relativos al año 2011. El Capítulo 9 está dedicado a las políticas activas de empleo. Tal como se indica en la introducción del capítulo, la información de este apartado se obtiene a partir de los datos aportados, tanto por la administración central como por las comunidades autónomas a la base de datos Datawarehouse, pero no incluye la totalidad de las acciones relacionadas con las políticas activas de empleo, ya que existen programas que, debido a su vía de financiación u otras causas, no aparecen en el sistema. Asimismo, determinadas iniciativas gestionadas por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (iniciativas de formación de ámbito estatal dirigidas a los trabajadores ocupados) no se han podido incluir debido a que son avances de datos.

Pues bien, con la información disponible se concluye que del conjunto de actuaciones relacionadas con las políticas activas de empleo iniciadas o realizadas a lo largo de 2011 por los servicios públicos de empleo o por sus entidades colaboradoras, se beneficiaron más de tres millones trescientas mil personas.

Los servicios recibidos se recogen en el gráfico siguiente, agrupados por áreas de actuación, según la siguiente distribución:

Lo primero que llama la atención es que la inmensa mayoría de las actuaciones que se llevan a cabo con los trabajadores desempleados, casi el 80%, están relacionadas con acciones de orientación profesional. Esto a primera vista parece una buena noticia, ya que un diagnóstico preciso de la situación de cada desempleado es la mejor herramienta para desarrollar itinerarios individuales de inserción que faciliten las actuaciones más oportunas en cada caso, y que tengan como objetivo final la reinserción laboral, en las mejores condiciones posibles, del trabajador desempleado.

Sin embargo la realidad está muy lejos de esta situación deseable. Tal y como el propio informe indica, se ha de tener en cuenta que los servicios de orientación e información están relacionados, en buena medida, con las actualizaciones curriculares de trabajadores que se registran en los servicios públicos de empleo al finalizar su relación laboral. Es decir, el simple hecho de actualizar los datos de la demanda de empleo en la oficina de empleo se considera una acción de orientación a efectos estadísticos. ¿Se puede considerar este simple acto como una auténtica orientación profesional? Desde luego que no.

En cuanto al perfil de los demandantes de empleo que participan en acciones de políticas activas de empleo se observa una significativa descompensación, especialmente entre los mayores de 45 años, que es, por otra parte, uno de los colectivos que presentan una mayor dificultad de reinserción laboral. Esta situación parece evidenciar un par de conclusiones negativas: por una parte, las políticas activas de empleo no actúan sobre uno de los colectivos con mayores necesidades de participación en este tipo de medidas por sus especiales dificultades de reinserción laboral; por otra, este colectivo se ve abocado a ser beneficiario con carácter (casi) permanente de políticas pasivas de empleo en forma de prestaciones y subsidios por desempleo, renta activa de inserción o jubilación anticipada con el consiguiente gasto que eso supone para las arcas públicas.

Por otra parte la formación dirigida a trabajadores desempleados ni siquiera supone el 11% de los servicios relacionados con las políticas activas de empleo durante el año 2011. Este porcentaje se traduce en que en un país que terminó el año con 5 millones de desempleados, únicamente 210.000 realizaron alguna acción formativa para el empleo. Es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores desempleados no realizaron ningún curso de formación durante el año 2011.

Además, casi el 40% de las acciones formativas se concentraron en dos familias profesionales: Administración y gestión e Informática y comunicaciones. No solo eso, dentro de estas dos familias las acciones formativas más desarrolladas fueron: Aplicaciones informáticas de gestión e Inglés (Atención al público) en el caso de Administración y gestión; e Informática de usuario y Diseñador web y multimedia en el caso de Informática y comunicaciones. No parecen las mejores opciones para que la formación sea un elemento fundamental en el cambio de modelo productivo que España necesita.

Pero lo que más me llama la atención es la manera en que se mide el grado de inserción laboral alcanzado por los alumnos tras la realización de alguna acción formativa para el empleo. El procedimiento es el siguiente: se parte de la formación realizada a lo largo de 2010, cuyo seguimiento se ha realizado durante 2011, por lo que se contabilizan todas las bajas por colocación durante el periodo señalado, independientemente de que la ocupación en la que trabajan los alumnos contratados esté relacionada, total o parcialmente, con la formación recibida o no. ¡O no! Esa manera de evaluar el impacto de la formación es sencillamente grotesca. De esta manera nos encontramos con formación en familias profesionales con grados de inserción laboral por encima de 70%, y en prácticamente todos los casos por encima del 50%. Lo que no deja de ser rotundamente falso.

En definitiva, mientras no se lleve a cabo una verdadera y rigurosa evaluación de la eficacia y eficiencia de los servicios propios de las políticas activas de empleo, nos perderemos en disyuntivas estériles sobre cuánto menos o cuánto mas se ha gastado el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos en políticas de empleo. Pero sin olvidar que serán siempre políticas inactivas de empleo. Gastaremos lo que haya, mucho o poco, más o menos que el año anterior. Pero solo lo gastaremos. En nigún caso lo invertiremos.

Fátima Báñez resaltó, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que “la coordinación, la eficacia y la orientación a resultados han sido siempre valores deseables en la acción de todo Gobierno pero en una situación de crisis como la actual estos principios son esenciales para contribuir al equilibrio presupuestario y a la recuperación económica y del empleo“.

Falta hace.


políticas inactivas de empleo

05/04/2012

Es habitual clasificar las políticas de mercado de trabajo como pasivas o activas. En el caso de las primeras (políticas pasivas de empleo), su objetivo es limitar el efecto de la pérdida de renta derivada del desempleo y procurar una renta mientras dura la búsqueda de empleo. Las segundas (políticas activas de empleo) hacen referencia a aquellas medidas que intentan mejorar la posición relativa de los parados en el mercado de trabajo para favorecer su incorporación o reinserción laboral.

España es el país de la Unión Europea que dedica un mayor porcentaje a las políticas pasivas, consecuencia del hecho de que nuestro país presente la mayor tasa de paro de la UE. Respecto al gasto en políticas activas, nos situamos en la media europea, con un 0,786% del PIB, a pesar de que nuestra tasa de paro es muy superior a la media europea.

En este sentido las principales herramientas de las políticas activas de empleo en España son: los servicios públicos de empleo (intermediación laboral y orientación profesional), la formación para el empleo, los incentivos al empleo (bonificaciones empresariales) y la creación de empleo directo.

En nuestro país ha aumentado intensamente el gasto en políticas activas durante los últimos años. Sin embargo, aún estamos lejos de otros países, como los Suecia o Alemania, en los que hay una mayor relación entre políticas activas y pasivas.

El proceso de destrucción de empleo en la economía española, que trajo consigo la crisis económica y financiera, supuso una mayor limitación en la efectividad de las políticas activas de empleo vigentes hasta 2010, y la necesidad urgente de una reforma en profundidad de las mismas, con los objetivos irrenunciables y compartidos por todos los actores que intervienen en el mercado de trabajo de adaptarlas a la realidad del mercado laboral y a las características del territorio; aumentar su eficacia en la mejora de la empleabilidad y las posibilidades de inserción de las personas desempleadas, especialmente jóvenes y paradas de larga duración; responder mejor a las necesidades de las empresas para cubrir sus ofertas de empleo; y situar a los servicios de empleo entre los mejores instrumentos para la gestión del capital humano en el nuevo modelo económico más equilibrado y productivo.

En este contexto, hace poco más de un año se aprobó el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, cuyo objetivo principal era modificar la composición de las políticas vigentes hasta ese momento, desde un enfoque pasivo a otro activo y desde un enfoque que incide en la flexibilidad hacia otro que haga hincapié en la seguridad.

Par ello, las principales estrategias que presentó la reforma fueron las siguientes:

– Fortalecer los Servicios Públicos de Empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

– Establecer un catálogo de servicios a la ciudadanía y desarrollo de un modelo de atención personalizada.

– Lograr una mayor conexión entre políticas activas y pasivas de empleo.

– Diseñar itinerarios de formación y trayectorias profesionales para desempleados.

– Mejorar la oferta de formación y su calidad.

Un año después de la reforma, en marzo de 2012, los desempleados registrados en las Oficinas de Empleo se sitúan en 4.750.877. Es evidente que la reforma está lejos de ser efectiva.

El pasado martes el Gobierno anunció que el presupuesto para 2012 destinado a políticas activas de empleo bajará un 21,3%, en comparación con el año pasado, hasta los 7.764 millones de euros. El Ejecutivo justifica esta decisión en los ajustes realizados para reducir el déficit público y en el recorte previsto en los ingresos por cuotas de formación profesional.

Que las políticas activas de empleo se hayan demostrado hasta ahora ineficaces no parece justificar un recorte de esta magnitud, ya que el problema no parece ser tanto la cantidad como la distribución de esos recursos económicos. Y en ese sentido los presupuestos de 2012 reinciden en algunos de los motivos de las ineficacias del pasado.

En primer lugar, la partida destinada a bonificaciones a la contratación de trabajadores desempleados se ha incrementado un 6,1% respecto a 2011, hasta los 2.600 millones, como consecuencia de la inclusión de nuevos incentivos a la contratación previstos por la reforma laboral del Gobierno.

No parece ser la mejor opción incrementar la partida presupuestaria en un mecanismo como el de la bonificación directa a la empresa en caso de contratación de determinados perfiles de desempleados. Y no lo es porque las evaluaciones de las bonificaciones a la contratación han puesto de manifiesto que este tipo de programas presentan elevados efectos de ‘peso muerto’ (parte de los puestos de trabajo creados para los trabajadores en paro se generen igualmente sin necesidad de los programas de empleo aplicados), ‘sustitución’ (algunos de los parados consiguen puestos de trabajo que hubieran ocupado otros trabajadores no amparados por dichos programas) y ‘desplazamiento’ (parte de los puestos creados en las empresas cubiertas por los programas se generan en detrimento del empleo en otras empresas). Es decir, la mayoría de las contrataciones bonificadas se hubieran llevado a cabo igualmente, aunque la empresa no hubiera recibido ninguna ayuda. El hecho de aumentar los perfiles tanto de los de las empresas como de los desempleados que pueden ser beneficiarios de estas bonificaciones no hace sino incidir en estas ineficacias.

Por otra parte, en 2012 los créditos para formación profesional para el empleo alcanzan los 1.811,82 millones de euros, un 34,3% menos que en 2011. De esta cantidad, 665,52 millones de euros se destinarán a formación de desempleados, 894,8 millones a formación de ocupados y 251,45 millones a programas públicos de empleo y formación.

El Gobierno ha indicado que la disminución de la partida para formación es resultado, principalmente, de la caída de los ingresos previstos por cuotas de formación profesional. Si realmente, tal y como se pregona por activa y por pasiva, la formación es una política estratégica para luchar contra el desempleo, el Gobierno podría haber complementado la partida destinada a formación para el empleo con aportaciones del Estado que pudieran, al menos, compensar las perdidas procedentes de la reducción de las cuotas de formación profesional. En este sentido la reducción de los presupuestos para formación profesional para el empleo es contraria a las recomendaciones de la OCDE en materia de políticas activas de empleo.

Además, la distribución de las partidas reincide en la ilógica de los años pasados de destinar la mitad de los recursos a la formación de trabajadores ocupados y sólo poco más de un tercio a formación de trabajadores desempleados. En un país con el 23% de desempleo es dificilmente explicable la eficacia de esta distribución en la que se prioriza al trabajador que tiene un empleo frente al que está en el paro a la hora de planificar la formación.

La sensación viendo las grandes cifras de los presupuestos en políticas activas de empleo es que el ajuste es meramente cuantitativo: se gasta menos porque hay menos dinero, pero se va a gastar igual de ineficientemente. Y digo gastar, que no invertir en formación para el empleo.

Y mucho me temo que esto seguirá siendo así mientras la formación para el empleo no deje de ser un fin (para quien la gestiona e imparte) y se convierta en lo que debe ser, un verdadero medio para realmente favorecer la inserción laboral de los parados y la consolidación del empleo en el caso de los trabajadores ocupados.

Hasta ese momento seguiremos gastando, aunque cada vez menos, mucho dinero en algo muy poco parecido a verdaderas políticas acitivas de empleo. Seguiremos aplicando auténticas políticas inactivas de empleo.