reforma de la formación para el empleo

La semana pasada, concretamente el día 16, se reunieron el Gobierno y los interlocutores sociales con el objetivo de impulsar el diálogo social, tan de capa caída en los últimos tiempos.

El resultado de la reunión fue un compromiso de actuar en tres áreas fundamentales: protección social, empleo y Seguridad Social. Más concretamente se establecieron tres puntos de acuerdo sobre los que orientar la acción:

– Compromiso de moderación de salarios y beneficios para favorecer la competitividad y el empleo.

– Necesidad de impulsar políticas de crecimiento en el ámbito de la Unión Europea y de los Estados miembros que contribuyan a la generación de empleo.

– Creación de grupos de trabajo para estudiar medidas de protección social y abordar la reforma de la formación para el empleo y el empleo juvenil.

De los tres puntos me centraré en el último: en la reforma de la formación para el empleo.

El actual marco regulador de la formación para el empleo en España está basado en el IV Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo que firmaron Gobierno y agentes sociales en febrero de 2006. Un año más tarde (en abril de 2007) se publicó el Real Decreto que regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Mucho ha cambiado la economía española y su mercado laboral en estos siete años. Tanto que en el segundo trimestre de 2007 (coincidiendo con la publicación del Real Decreto de la FPE) el paro estaba por debajo del 7%, y ahora (cuando se anuncia su reforma) hemos alcanzado el 27%.

El modelo actual de formación para el empleo surge cuando España tenía la tasa de paro más baja de la historia reciente, y el acceso al trabajo era relativamente fácil incluso sin cualificación (fundamentalmente gracias a la construcción). La formación para el empleo podía dedicar más presupuesto a la formación de ocupados como herramienta para la actualización y mejora de las competencias profesionales requeridas por los trabajadores ocupados.

La situación del mercado de trabajo empieza a empeorar desde 2008, y continúa empeorando con el paso de los años hasta la crítica situación actual. Sin embargo en este periodo la estructura de la formación para el empleo ha permanecido prácticamente inalterada (salvo algunas novedades que introduce la última reforma laboral en materia de acceso de los centros de formación al diseño de los planes de oferta para trabajadores ocupados).

En febrero de 2011, ya con la tasa de paro por encima del 20%, se publica (el día 2) la prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación y días más tarde (el 19 de febrero) lo hace el Real Decreto que reforma las políticas activas de empleo. La formación es una de las patas fundamentales en las que ha de sostenerse una eficaz política activa de empleo, por lo que no dejó de ser paradójico que se pretendiera hacer una reforma de calado de las políticas activas de empleo en general sin modificar la base de la formación para el empleo. El resultado no por esperado fue menos desalentador, ya que el diseño de la formación para el empleo siguió siendo muy parecido a cuando la realidad laboral era muy distinta. La formación seguía lejos de ser un medio eficaz y eficiente para la reinserción laboral de los desempleados y la consolidación en el empleo de los trabajadores ocupados. Por otra parte, producto de la crisis y de la menor recaudación por cotización para formación profesional, los presupuestos destinados a formación para el empleo se han visto reducidos de manera notable en los últimos años, aunque esta reducción tampoco ha venido acompañada de una mayor eficiencia en el gasto y en el impacto que la formación está teniendo entre la población desempleada.

Así, dos años después de la prórroga del actual acuerdo de formación y de la reforma de las políticas activas de empleo, y cinco después del inicio dela crisis, el Gobierno y los interlocutores sociales han acordado abrir una mesa de negociación para ‘para avanzar en el diseño de un nuevo Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo que impulse y rija un modelo de formación acorde a las necesidades actuales del mercado de trabajo español‘.

Desde luego era algo que se estaba convirtiendo en imprescindible tal y como está la situación del mercado de trabajo. Habrá que estar atentos a cómo se desarrollan las negociaciones y, sobre todo, a ver el resultado final. El objetivo marcado a fuego debe ser el de ‘incrementar la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos, así como mejorar las posibilidades de activación de los desempleados‘. Este objetivo requiere, esta vez sí, una reforma profunda de los mecanismos de planificación, impartición, gestión y evaluación de los distintos planes y programas de formación para el empleo.

Y ese objetivo es innegociable. Y su consecución vital. Nos jugamos demasiado.
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