¿salvemos los 400 euros? sí,… no,… depende

Llevamos unos días hablando de los 400 euros y de la imperiosa necesidad, según algunos, de prorrogar esta ayuda que finaliza el próximo 15 de agosto. Sin embargo, de lo que no hablamos tanto, por no decir nada, es del ámbito legal del que depende esta ayuda económica: el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA).

Para empezar, un poco de aburrida pero imprescindible revisión legal del Programa:

1) Las ayudas para el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) de las personas que agoten su protección por desempleo, se establecen en el artículo 2 del Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.

2) Se prorrogó, por primera vez, en el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (Artículo 6) .

3) Se volvió a prorrogar, por segunda vez, en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Esta segunda prórroga es la que caduca el 15 de agosto de 2012 (Disposición Adicional Decimotercera).

Pero, ¿en qué consiste realmente el Programa Prepara?

Lo que dice el Real-Decreto es lo siguiente: ‘Se aprueba un programa específico de carácter nacional que incluye medidas de política activa de empleo y ayudas económicas de acompañamiento, que tendrá una duración de seis meses desde su entrada en vigor’.

Para poder acceder a la ayuda hay que haber agotado la prestación y el subsidio, y no tener ingresos por otra vía superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (que está en 641 euros).

Las personas beneficiarias de este programa tendrán derecho a:

1) Realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad, así como las medidas de política activa de empleo dirigidas a mejorarla.

2) Participar en medidas de política activa de empleo encaminadas a la recualificación y/o reinserción profesional necesarias para que puedan incorporarse a nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento.

3) Recibir una ayuda económica de acompañamiento del 75 % del IPREM mensual, hasta un máximo de seis meses, cuando la persona solicitante carezca de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Es decir, el Plan Prepara está pensado para ayudar a los parados en peor situación a cambio de que participen en un itinerario de reinserción laboral y busquen activamente empleo. Además, da derecho al parado a cobrar 2.400 euros en seis meses, si antes no encuentra trabajo.

Las personas beneficiarias de este programa están obligadas a participar en las acciones de políticas activas de empleo y de búsqueda de empleo que les propongan los Servicios Públicos de Empleo. La ayuda económica podrá solicitarse una vez iniciado el itinerario individualizado y personalizado de inserción, y su percepción estará condicionada a la participación en el mismo.

Pero el debate solo se centra en el último punto: en la percepción de la ayuda económica, olvidando que se trata, según indica el Real-Decreto, de una ayuda de acompañamiento, condicionada a la participación en acciones de políticas activas de empleo (formación y orientación, fundamentalmente).

El Programa establece, además, que destinarán el número de orientadores, promotores de empleo y personal propio necesario para la atención individualizada de las personas beneficiarias, y programarán las acciones de recualificación y/o reinserción profesional que aseguren el acceso y participación de las mismas en estas acciones.

Sin embargo, los presupuestos en materia de políticas activas de empleo se han ido reduciendo drásticamente de manera que parece poco probable que se pueda mantener esa vinculación entre políticas pasivas (prestaciones y subsidios) y políticas activas de empleo (formación y orientación).

Y es que en realidad, el Programa Prepara se ha convertido exclusivamente en una ayuda económica destinada a aquellos desempleados que se encuentran en una peor situación, y que permite, en la medida de lo posible, evitar que estos trabajadores desciendan un escalón más en el camino hacia la exclusión social.

Es decir, la ayuda de los 400 euros se ha convertido en algo más parecido a una renta básica (sin llegar a ser universal), que a una medida complementaria dentro de un programa de reinserción profesional.

Por lo tanto, ¿debería el Gobierno mantener la ayuda de los 400 euros?

Pues sí, por justicia social. Pero también debería reformular el marco legal que los sustenta, porque está claro que el Programa Prepara no es eficaz.

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