servicios públicos y funcionarios

Los funcionarios y empleados públicos en general están en el disparadero de las políticas de recortes del Gobierno.  Se ha anunciado la supresión de la paga ‘extra‘ de navidad, lo que se traduce en una bajada de sueldo de aproximadamente un 7%. Y no es la primera. También les reducen el número de ‘moscosos‘, el número de días de libre disposición del que disponen.

En este contexto me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre los servicios públicos y los funcionarios que trabajan en ellos.

A ver cómo digo las cosas sin parecer injusto, insolidario o demagogo.

Para empezar me gustaría apuntar dos ideas fundamentales que sustentan mi posición al respecto:

1. Soy defensor del sector público y de los servicios públicos. De todos los servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales,… Por eso estoy en contra de la privatización de los mismos, porque no creo que el simple hecho de liberalizar y privatizar un servicio que presta la Administración Pública es garantía de mayor calidad en el mismo, y de una gestión más eficaz y eficiente.

2. Me parece absolutamente injusto que a cualquier trabajador se le rebaje unilateralmente el sueldo. A cualquier trabajador: ya sea empleado del sector privado, funcionario o personal laboral del sector público.

Para un Gobierno, y más en una época de crisis tan profunda como la actual, resulta especialmente sencillo recortar los salarios de los funcionarios y del resto de los empleados públicos. Por dos motivos: el primero, y fundamental, porque lo puede hacer a golpe de decreto, sin negociación y suponiendo un efecto inmediato en la reducción del gasto público. En segundo lugar porque la contestación ante esta medida por parte de la opinión pública va a ser, a priori, limitada, ya que no necesariamente lo va a ver como algo negativo por definición.

¿Por qué  la gente no va a ver como algo negativo la reducción de sueldo y de derechos laborales de los funcionarios? La respuesta es sencilla: porque la gente tiene en muchos casos una imagen negativa de los funcionarios. Los ven (los vemos) en ocasiones como trabajadores privilegiados. El estereotipo del funcionario español es el de un trabajador que trabaja poco, se escaquea mucho y cobra por no hacer su trabajo, o al menos por no hacer todo lo bien que debería su trabajo. Como todo estereotipo tiene una base real, deformada y exagerada, pero real. Por otra parte, como generalización que es, se trata de un pensamiento discrimiatorio porque evidentemente no todos los funcionarios son así, y como en otros ámbitos de la vida terminan pagando justos por pecadores.

Todos tenemos familiares, amigos o conocidos que trabajan en la Administración Pública que nos cuentan comportamientos en su lugar de trabajo que seguramente no compartimos y que denunciamos. Todos somos usuarios de servicios públicos y no siempre hemos sido tratados y atendidos con la diligencia y efectividad que merecíamos. Cualquiera que niegue esto falta a la verdad.

Por esta razón es habitual que la ciudadanía proteste enérgicamente por los recortes en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, prestaciones por desempleo,…), pero no por los recortes en los sueldos de los funcionarios (y otros empleados públicos) que trabajan en esos servicios.

Los funcionarios suelen utilizar como argumento que ellos han aprobado una oposición y que en virtud de eso acceden a un puesto fijo en la administración con unos derechos laborales asociados. Y tienen razón. Sin embargo, aprobar la oposición y convertirse en funcionario de carrera no es final. Al contrario, es el comienzo de esa carrera de funcionario en la prestación de un servicio público dirigido al ciudadano.

El hecho de haber aprobado la oposición no legitima cualquier comportamiento que tenga el funcionario en su puesto de trabajo. Por supuesto que le da derecho a disfrutar de unos derechos laborales que se han ido logrando a lo largo del tiempo, como ocurre en el sector privado. Pero de la misma manera que tienen derechos, también tiene asignadas unas obligaciones en el desempeño de su trabajo. Y sinceramente, ¿han escuchado alguna vez a algún funcionario hablar de sus obligaciones?

Trabajar en la Administración Pública significa trabajar al servicio del ciudadano, del contribuyente que con sus impuestos paga esos servicios públicos y como parte importante de ellos las nóminas de los empleados públicos. La obligación del funcionario (y del resto de empleados públicos) es cumplir eficaz y eficientemente con sus funciones que consisten en  prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. Nadie tiene la obligación de hacerse funcionario, pero todos los funcionarios tienen la obligación de cumplir con sus funciones ante el resto de los ciudadanos.

Decía al principio que soy defensor de los servicios públicos y que, por convicción, estoy en desacuerdo con la opinión de que invariablemente lo privado funciona mejor que lo público. Pero estoy a favor de los servicios públicos de calidad, bien gestionados y bien prestados. Y para que esto ocurra se tienen que dar dos condiciones: una adecuada provisión de recursos económicos y materiales, por una parte; y una adecuada selección y gestión de los recursos humanos, por otra. Si una de las dos falla, lo que se resiente es la calidad del servicio y por consiguiente el pagano de esa situación es el ciudadano.

Por ello, de la misma manera que debemos ser combativos frente a los recortes injustos en los presupuestos asignados a los servicios públicos y sociales, debemos ser combativos frente a los comportamientos injustos de los empleados públicos. Porque hacer esto último no es atacar los derechos de los funcionarios, sino que es defender los derechos de los ciudadanos.

Estoy en contra de que a los funcionarios, como al resto de trabajadores públicos o del sector privado, se les rebaje el sueldo y se les recorte derechos laborales de manera unilateral y por lo tanto injusta. Estoy en contra de que se recorten, no solo los sueldos y los derechos laborales, si no directamente las plantillas de médicos, maestros, bomberos, trabajadores sociales, administrativos, técnicos socioculturales y cualquier otro perfil de empleado público cuando sean necesarios. Pero también estoy en contra de que esos puestos los ocupen médicos, maestros, bomberos, trabajadores sociales, administrativos, técnicos socioculturales y cualquier otro perfil de empleado público que incumple sus obligaciones y que se ven legitimados para actuar de esa manera alegando que han a probado una oposición.

El hecho de tener más funcionarios no garantiza un mejor servicio público. El hecho de tener menos funcionarios, peor pagados y con peores condiciones laborales seguramente sí. Por eso yo no estoy a favor de que los recortes supongan reducción de sueldos, derechos y plantillas basados únicamente en la lógica de una disminución del gasto. Las plantillas de empleados públicos tienen que ser proporcionadas, eficaces y eficientes.

Uno no es más defensor del sector público solo por pedir más gasto público, o por defender acríticamente a los funcionarios.

Como trabajador defenderé los derechos laborales de los funcionarios. Como ciudadano exigiré que los funcionarios cumplan sus obligaciones laborales de atención y servicio públicos. Y haré ambas cosas con la misma fuerza y la misma convicción.

Si pensar así es injusto: soy injusto. Si pensar así es insolidario: soy insolidario. Si pensar así es demagógico: soy demagogo.

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One Response to servicios públicos y funcionarios

  1. Clara dice:

    Totalmente de acuerdo. Pero también añadiría que no todos los funcionarios comenzaron a trabajar con una oposición aprobada con trabajo y con esfuerzo. Que en la administración hay muchos atajos y oportunidades para dar entrada a algunos que nunca lo conseguirían por mérito propio. Por eso las oposiciones son concurso oposición.Y de oportunistas está llena la administración.

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