más políticas inactivas de empleo

Ayer, jueves 24 de mayo, se reunió la LIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

A través de la nota de prensa posterior a la reunión nos enteramos de que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 destinan a financiar acciones y medidas de políticas activas de empleo 5.807,2 millones de euros; y que las Comunidades Autónomas gestionarán 1.318,8 millones de euros para financiar las políticas de formación y empleo transferidas. A formación se destinan 966,5 millones de euros, a empleo 322,3 millones y a modernizar los servicios públicos de empleo 30 millones.

Lo que no precisa la nota de prensa es que la dotación a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo cae un 57%  respecto al año anterior. El recorte en la dotación de las autonomías ronda los 1.700 millones de euros, en palabras de la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.

A pesar del sobresaliente recorte Hidalgo subrayó que “esta diferencia no afectará a la atención a los trabajadores de las comunidades, ya que estas cuantías sólo reflejan la gestión de las políticas activas y no a dónde se destina la inversión“. Resulta muy dudoso que un recorte de tal magnitud no afecte a la atención de los trabajadores desempleados. Lo que no resulta dudoso es a qué se destina la inversión. Al menos a lo que se dedicó el año pasado.

El lunes se publicó el Informe Anual del Mercado de Trabajo Estatal 2012 que recoge datos relativos al año 2011. El Capítulo 9 está dedicado a las políticas activas de empleo. Tal como se indica en la introducción del capítulo, la información de este apartado se obtiene a partir de los datos aportados, tanto por la administración central como por las comunidades autónomas a la base de datos Datawarehouse, pero no incluye la totalidad de las acciones relacionadas con las políticas activas de empleo, ya que existen programas que, debido a su vía de financiación u otras causas, no aparecen en el sistema. Asimismo, determinadas iniciativas gestionadas por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (iniciativas de formación de ámbito estatal dirigidas a los trabajadores ocupados) no se han podido incluir debido a que son avances de datos.

Pues bien, con la información disponible se concluye que del conjunto de actuaciones relacionadas con las políticas activas de empleo iniciadas o realizadas a lo largo de 2011 por los servicios públicos de empleo o por sus entidades colaboradoras, se beneficiaron más de tres millones trescientas mil personas.

Los servicios recibidos se recogen en el gráfico siguiente, agrupados por áreas de actuación, según la siguiente distribución:

Lo primero que llama la atención es que la inmensa mayoría de las actuaciones que se llevan a cabo con los trabajadores desempleados, casi el 80%, están relacionadas con acciones de orientación profesional. Esto a primera vista parece una buena noticia, ya que un diagnóstico preciso de la situación de cada desempleado es la mejor herramienta para desarrollar itinerarios individuales de inserción que faciliten las actuaciones más oportunas en cada caso, y que tengan como objetivo final la reinserción laboral, en las mejores condiciones posibles, del trabajador desempleado.

Sin embargo la realidad está muy lejos de esta situación deseable. Tal y como el propio informe indica, se ha de tener en cuenta que los servicios de orientación e información están relacionados, en buena medida, con las actualizaciones curriculares de trabajadores que se registran en los servicios públicos de empleo al finalizar su relación laboral. Es decir, el simple hecho de actualizar los datos de la demanda de empleo en la oficina de empleo se considera una acción de orientación a efectos estadísticos. ¿Se puede considerar este simple acto como una auténtica orientación profesional? Desde luego que no.

En cuanto al perfil de los demandantes de empleo que participan en acciones de políticas activas de empleo se observa una significativa descompensación, especialmente entre los mayores de 45 años, que es, por otra parte, uno de los colectivos que presentan una mayor dificultad de reinserción laboral. Esta situación parece evidenciar un par de conclusiones negativas: por una parte, las políticas activas de empleo no actúan sobre uno de los colectivos con mayores necesidades de participación en este tipo de medidas por sus especiales dificultades de reinserción laboral; por otra, este colectivo se ve abocado a ser beneficiario con carácter (casi) permanente de políticas pasivas de empleo en forma de prestaciones y subsidios por desempleo, renta activa de inserción o jubilación anticipada con el consiguiente gasto que eso supone para las arcas públicas.

Por otra parte la formación dirigida a trabajadores desempleados ni siquiera supone el 11% de los servicios relacionados con las políticas activas de empleo durante el año 2011. Este porcentaje se traduce en que en un país que terminó el año con 5 millones de desempleados, únicamente 210.000 realizaron alguna acción formativa para el empleo. Es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores desempleados no realizaron ningún curso de formación durante el año 2011.

Además, casi el 40% de las acciones formativas se concentraron en dos familias profesionales: Administración y gestión e Informática y comunicaciones. No solo eso, dentro de estas dos familias las acciones formativas más desarrolladas fueron: Aplicaciones informáticas de gestión e Inglés (Atención al público) en el caso de Administración y gestión; e Informática de usuario y Diseñador web y multimedia en el caso de Informática y comunicaciones. No parecen las mejores opciones para que la formación sea un elemento fundamental en el cambio de modelo productivo que España necesita.

Pero lo que más me llama la atención es la manera en que se mide el grado de inserción laboral alcanzado por los alumnos tras la realización de alguna acción formativa para el empleo. El procedimiento es el siguiente: se parte de la formación realizada a lo largo de 2010, cuyo seguimiento se ha realizado durante 2011, por lo que se contabilizan todas las bajas por colocación durante el periodo señalado, independientemente de que la ocupación en la que trabajan los alumnos contratados esté relacionada, total o parcialmente, con la formación recibida o no. ¡O no! Esa manera de evaluar el impacto de la formación es sencillamente grotesca. De esta manera nos encontramos con formación en familias profesionales con grados de inserción laboral por encima de 70%, y en prácticamente todos los casos por encima del 50%. Lo que no deja de ser rotundamente falso.

En definitiva, mientras no se lleve a cabo una verdadera y rigurosa evaluación de la eficacia y eficiencia de los servicios propios de las políticas activas de empleo, nos perderemos en disyuntivas estériles sobre cuánto menos o cuánto mas se ha gastado el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos en políticas de empleo. Pero sin olvidar que serán siempre políticas inactivas de empleo. Gastaremos lo que haya, mucho o poco, más o menos que el año anterior. Pero solo lo gastaremos. En nigún caso lo invertiremos.

Fátima Báñez resaltó, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que “la coordinación, la eficacia y la orientación a resultados han sido siempre valores deseables en la acción de todo Gobierno pero en una situación de crisis como la actual estos principios son esenciales para contribuir al equilibrio presupuestario y a la recuperación económica y del empleo“.

Falta hace.

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2 Responses to más políticas inactivas de empleo

  1. Pizias dice:

    ¿¿¿”…en un país que terminó el año con 5 millones de desempleados, únicamente 210.000 realizaron alguna acción formativa para el empleo”??? Impactada me ha dejado este dato, en serio. o.O

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