políticas inactivas de empleo

Es habitual clasificar las políticas de mercado de trabajo como pasivas o activas. En el caso de las primeras (políticas pasivas de empleo), su objetivo es limitar el efecto de la pérdida de renta derivada del desempleo y procurar una renta mientras dura la búsqueda de empleo. Las segundas (políticas activas de empleo) hacen referencia a aquellas medidas que intentan mejorar la posición relativa de los parados en el mercado de trabajo para favorecer su incorporación o reinserción laboral.

España es el país de la Unión Europea que dedica un mayor porcentaje a las políticas pasivas, consecuencia del hecho de que nuestro país presente la mayor tasa de paro de la UE. Respecto al gasto en políticas activas, nos situamos en la media europea, con un 0,786% del PIB, a pesar de que nuestra tasa de paro es muy superior a la media europea.

En este sentido las principales herramientas de las políticas activas de empleo en España son: los servicios públicos de empleo (intermediación laboral y orientación profesional), la formación para el empleo, los incentivos al empleo (bonificaciones empresariales) y la creación de empleo directo.

En nuestro país ha aumentado intensamente el gasto en políticas activas durante los últimos años. Sin embargo, aún estamos lejos de otros países, como los Suecia o Alemania, en los que hay una mayor relación entre políticas activas y pasivas.

El proceso de destrucción de empleo en la economía española, que trajo consigo la crisis económica y financiera, supuso una mayor limitación en la efectividad de las políticas activas de empleo vigentes hasta 2010, y la necesidad urgente de una reforma en profundidad de las mismas, con los objetivos irrenunciables y compartidos por todos los actores que intervienen en el mercado de trabajo de adaptarlas a la realidad del mercado laboral y a las características del territorio; aumentar su eficacia en la mejora de la empleabilidad y las posibilidades de inserción de las personas desempleadas, especialmente jóvenes y paradas de larga duración; responder mejor a las necesidades de las empresas para cubrir sus ofertas de empleo; y situar a los servicios de empleo entre los mejores instrumentos para la gestión del capital humano en el nuevo modelo económico más equilibrado y productivo.

En este contexto, hace poco más de un año se aprobó el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, cuyo objetivo principal era modificar la composición de las políticas vigentes hasta ese momento, desde un enfoque pasivo a otro activo y desde un enfoque que incide en la flexibilidad hacia otro que haga hincapié en la seguridad.

Par ello, las principales estrategias que presentó la reforma fueron las siguientes:

– Fortalecer los Servicios Públicos de Empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

– Establecer un catálogo de servicios a la ciudadanía y desarrollo de un modelo de atención personalizada.

– Lograr una mayor conexión entre políticas activas y pasivas de empleo.

– Diseñar itinerarios de formación y trayectorias profesionales para desempleados.

– Mejorar la oferta de formación y su calidad.

Un año después de la reforma, en marzo de 2012, los desempleados registrados en las Oficinas de Empleo se sitúan en 4.750.877. Es evidente que la reforma está lejos de ser efectiva.

El pasado martes el Gobierno anunció que el presupuesto para 2012 destinado a políticas activas de empleo bajará un 21,3%, en comparación con el año pasado, hasta los 7.764 millones de euros. El Ejecutivo justifica esta decisión en los ajustes realizados para reducir el déficit público y en el recorte previsto en los ingresos por cuotas de formación profesional.

Que las políticas activas de empleo se hayan demostrado hasta ahora ineficaces no parece justificar un recorte de esta magnitud, ya que el problema no parece ser tanto la cantidad como la distribución de esos recursos económicos. Y en ese sentido los presupuestos de 2012 reinciden en algunos de los motivos de las ineficacias del pasado.

En primer lugar, la partida destinada a bonificaciones a la contratación de trabajadores desempleados se ha incrementado un 6,1% respecto a 2011, hasta los 2.600 millones, como consecuencia de la inclusión de nuevos incentivos a la contratación previstos por la reforma laboral del Gobierno.

No parece ser la mejor opción incrementar la partida presupuestaria en un mecanismo como el de la bonificación directa a la empresa en caso de contratación de determinados perfiles de desempleados. Y no lo es porque las evaluaciones de las bonificaciones a la contratación han puesto de manifiesto que este tipo de programas presentan elevados efectos de ‘peso muerto’ (parte de los puestos de trabajo creados para los trabajadores en paro se generen igualmente sin necesidad de los programas de empleo aplicados), ‘sustitución’ (algunos de los parados consiguen puestos de trabajo que hubieran ocupado otros trabajadores no amparados por dichos programas) y ‘desplazamiento’ (parte de los puestos creados en las empresas cubiertas por los programas se generan en detrimento del empleo en otras empresas). Es decir, la mayoría de las contrataciones bonificadas se hubieran llevado a cabo igualmente, aunque la empresa no hubiera recibido ninguna ayuda. El hecho de aumentar los perfiles tanto de los de las empresas como de los desempleados que pueden ser beneficiarios de estas bonificaciones no hace sino incidir en estas ineficacias.

Por otra parte, en 2012 los créditos para formación profesional para el empleo alcanzan los 1.811,82 millones de euros, un 34,3% menos que en 2011. De esta cantidad, 665,52 millones de euros se destinarán a formación de desempleados, 894,8 millones a formación de ocupados y 251,45 millones a programas públicos de empleo y formación.

El Gobierno ha indicado que la disminución de la partida para formación es resultado, principalmente, de la caída de los ingresos previstos por cuotas de formación profesional. Si realmente, tal y como se pregona por activa y por pasiva, la formación es una política estratégica para luchar contra el desempleo, el Gobierno podría haber complementado la partida destinada a formación para el empleo con aportaciones del Estado que pudieran, al menos, compensar las perdidas procedentes de la reducción de las cuotas de formación profesional. En este sentido la reducción de los presupuestos para formación profesional para el empleo es contraria a las recomendaciones de la OCDE en materia de políticas activas de empleo.

Además, la distribución de las partidas reincide en la ilógica de los años pasados de destinar la mitad de los recursos a la formación de trabajadores ocupados y sólo poco más de un tercio a formación de trabajadores desempleados. En un país con el 23% de desempleo es dificilmente explicable la eficacia de esta distribución en la que se prioriza al trabajador que tiene un empleo frente al que está en el paro a la hora de planificar la formación.

La sensación viendo las grandes cifras de los presupuestos en políticas activas de empleo es que el ajuste es meramente cuantitativo: se gasta menos porque hay menos dinero, pero se va a gastar igual de ineficientemente. Y digo gastar, que no invertir en formación para el empleo.

Y mucho me temo que esto seguirá siendo así mientras la formación para el empleo no deje de ser un fin (para quien la gestiona e imparte) y se convierta en lo que debe ser, un verdadero medio para realmente favorecer la inserción laboral de los parados y la consolidación del empleo en el caso de los trabajadores ocupados.

Hasta ese momento seguiremos gastando, aunque cada vez menos, mucho dinero en algo muy poco parecido a verdaderas políticas acitivas de empleo. Seguiremos aplicando auténticas políticas inactivas de empleo.

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